‘Inti Energy’: fotovoltaica de 66 hectáreas en suelo agrícola de Cacabelos, Arganza y Camponaraya

La empresa Cacabelos Solar, con domicilio social en la ciudad de Madrid, solicitó la autorización administrativa previa para la construcción de una instalación de energía eléctrica con tecnología fotovoltaica en los municipios bercianos de Cacabelos, Arganza y Camponaraya, según recoge la edición de este lunes del Boletín Oficial de la Provincia (BOP) de León expediente FV-20/2020/23514.

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El presupuesto del proyecto asciende a cerca de 30 millones de euros. La planta prevista cuenta con más de 87.000 módulos fotovoltaicos, con una potencia pico total cercana a los 50 megavatios (mW)

La organización agraria Asaja ha presentado alegaciones en contra de la instalación de una planta fotovoltaica en los municipios bercianos de Cacabelos, Arganza y Camponaraya. Según lo publicado en el Boletín Oficial de la Provincia de León, esta planta ocuparía 66 hectáreas de tierras de cultivo.

En un comunicado, Asaja expresa su desacuerdo con la destinación de tierras agrícolas para la instalación de plantas fotovoltaicas. Además, señala que en El Bierzo y en el resto de la provincia de León las autorizaciones para este tipo de energía ya superan ampliamente el consumo eléctrico, por lo que insta a los promotores a ubicar estos proyectos en áreas de mayor demanda.

Asimismo, Asaja solicita que se considere el regadío de la comarca, especialmente el vinculado al Canal Alto, como una zona de especial protección. También pide que no se autorice el cambio de uso de los terrenos rústicos a industriales. La organización insiste en que los centros de producción energética deben estar cerca de los puntos de conexión con Red Eléctrica para evitar la ocupación de tierras con líneas de evacuación. En el caso de que existan dichas líneas, Asaja enfatiza que deben ser subterráneas, aspecto que no ha sido tomado en cuenta en este proyecto en particular.

En una comarca donde el vino y la fruta juegan un papel crucial en la economía, Asaja destaca que este proyecto implicaría la eliminación de viñedos y frutales en la mayoría de las 66 hectáreas propuestas, incluyendo «posiblemente el viñedo más extenso de la comarca». Por tanto, consideran que esto tendría un impacto social y medioambiental que debe prevalecer sobre los intereses económicos del promotor, y que, en consecuencia, no debería ser autorizado por la Junta.

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