La Coalición por la Energía Comunitaria insta al Gobierno a transponer de forma urgente las Directivas de Energía Renovable con la ciudadanía en el centro
Nota de prensa de la Coalición por la Energía Comunitaria
- Se cumple un año de retraso en la transposición de la Directiva Europea de Energías Renovables (REDII).
- Sin la transposición de la Directiva se está dejando de lado la participación ciudadana y a las comunidades energéticas en la transición hacia las renovables.
- La Coalición por la Energía Comunitaria ha enviado una carta al Gobierno en la que reclama un impulso decidido a las comunidades energéticas que cuente con una participación ciudadana real.
Hoy, 30 de junio, se cumple un año de retraso en la transposición de la Directiva Europea de Energías Renovables (REDII). El Gobierno, como en repetidas ocasiones, está incumpliendo el plazo para aprobar esta directiva que otorga un papel protagonista a la ciudadanía en la transición energética. La Coalición por la Energía Comunitaria ha enviado una carta a la Ministra de Transición Ecológica y Reto Demográfico y a la Secretaria de Estado de Energía, en la que muestran su preocupación e instan al Gobierno a la transposición del Paquete de Energía Limpia en su totalidad.
Desde la Coalición señalan que con este retraso se está abandonando a las comunidades energéticas, así como la posibilidad de que la ciudadanía pueda organizarse y participar en iniciativas de energía comunitaria renovable. Por este motivo es necesario fijar una definición precisa y concreta de comunidad energética y establecer un marco legislativo, normativo y financiero para su impulso y despliegue. Sin esta legislación, las iniciativas de energía comunitaria que priorizan la participación ciudadana y la mejora socioeconómica y ambiental de las comunidades y territorios, se están viendo desplazadas por proyectos de escala orientados a adaptar el modelo de negocio a los actores tradicionales del mercado. Así, desde la coalición exigen que “la transición energética no sólo tiene que ser verde sino que debe propiciar una democratización justa en favor de las personas y, en especial, de los hogares más vulnerables. No podemos repetir un modelo energético que expulsa a las personas del sistema”.
Además, dada la situación actual de crisis energética global y la puesta en marcha de planes de respuesta como el RePower EU, la Coalición ve con preocupación cómo se está excluyendo la participación activa de la ciudadanía. En este sentido, reclama al Gobierno que ponga los medios económicos necesarios para impulsar las comunidades energéticas. Las organizaciones que conforman la Coalición critican que desde la Unión Europea se ha iniciada una carrera a la baja tanto en la participación como en la financiación; de los casi 7.000 millones de euros del PERTE (Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica) de energías renovables, hidrógeno renovables y almacenamiento, solo 100 millones irán destinados al impulso de comunidades energéticas.
La Coalición por la Energía Comunitaria exige la inclusión mediante objetivos vinculantes de la participación de la ciudadanía en la planificación climática y energética estatal. Además, recuerdan que las fuentes de energía renovable son bienes comunes básicos y toda la ciudadanía debe tener la oportunidad de apropiarse y beneficiarse de una manera justa en la transición energética. El potencial de las comunidades energéticas reside, no sólo en la producción y distribución de energía renovable, sino en el ahorro de energía, a la vez que en la seguridad y calidad del suministro, gracias a la propiedad local de la misma.
Por este motivo, las organizaciones reclaman al Gobierno la transposición urgente del Paquete Europeo de Energía Limpia en su totalidad, y destacan las siguientes medidas:
- Reconocer legalmente las iniciativas ciudadanas y las llamadas comunidades de energía renovable, estableciendo límites claros y estrictos a la participación de empresas de servicios energéticos y de los agentes tradicionales de mercado.
- Inclusión de la ciudadanía y comunidades de energía renovable en cualquier de sus formas en las futuras políticas climáticas y energéticas nacionales, con objetivos vinculantes.
- Garantizar el respeto de los derechos energéticos de la ciudadanía y las comunidades y eliminar las barreras que dificulten su participación con equidad.